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SAN JUAN -  El juicio contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá inicia el lunes con la selección del panel de jurado, en un proceso histórico para la isla por tratarse de la primera vez que un funcionario con esa investidura enfrente acusaciones por corrupción en una corte federal.

Acevedo Vilá, electo por el Partido Popular Democrático (PPD) como delegado puertorriqueño en Washington en 2000 y a la gobernación en 2004, enfrenta nueve cargos por el financiamiento presuntamente ilegal de sus pasadas campañas.

El tribunal federal, que tiene programado el juicio contra Acevedo Vilá en su calendario de actividades, tiene a unos 250 ciudadanos como candidatos para integrar el jurado que conocerá el caso del ex funcionario, que de ser hallado culpable enfrenta una sentencia de hasta 20 años de cárcel.

En el pliego acusatorio, se imputa a Acevedo Vilá y a su otrora ayudante Luisa Inclán, quien también va a juicio, de idear tres esquemas de recaudación de contribuciones para sobrepasar los límites establecidos por la ley federal de elecciones.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, una serie de supuestas contribuciones ilegales se dieron a cambio de lograr contratos con la administración de Acevedo Vilá, lo que nunca ocurrió.

De siete coacusados que se declararon culpables, tres acordaron cooperar con la fiscalía federal y testificarán contra Acevedo Vilá a cambio de sentencias menos severas.

Eneidy Coreano, antigua ayudante del gobernador en la Oficina del Comisionado Residente en Washington, también convino con la fiscalía federal testificar contra su ex jefe a cambio de que se archive el único cargo que enfrentaba.

Acevedo Vilá fue acusado el 27 de marzo de 2008 durante el último año de su mandato. Contra el ex gobernador se presentaron 24 cargos originalmente, pero el 1 de diciembre el juez federal Paul Barbadoro —traído desde Nueva Hampshire para atender el caso— desestimó 15 de ellos.

El ex mandatario señaló que las acusaciones en su contra estuvieron motivadas políticamente porque su gobierno demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para reclamar información sobre el operativo de septiembre de 2005 en que un agente del FBI mató de un disparo al líder independentista Filiberto Ojeda Ríos.

La jefa de la fiscalía estadounidense en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, rechazó esos señalamientos.